"En septiembre de 1973, diecinueve ciudadanos de Laja y San Rosendo desaparecieron luego de ser secuestrados por carabineros. Algunos de los prisioneros fueron señalados en su lugar de trabajo a la policía por una autoridad de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) –propiedad de la familia Matte-, y luego trasladados en vehículos de la empresa para ser asesinados en un fundo explotado para Forestal Mininco, empresa integrante de la CMPC”, afirma en uno de sus párrafos el libro. Y se agrega que “apenas ocurrido el golpe, setenta campesinos de Paine que habían sido beneficiados por la Reforma Agraria, fueron hechos desaparecer. Los terratenientes expropiados, en conjunto con empresarios y pequeños comerciantes de derecha, se unieron a carabineros y militares para protagonizar la venganza”. “El ex oficial nazi, Michael Kast, facilitó alimentos a los comandos de exterminio, además de un camión. Su hijo Christian compartió asados con civiles y uniformados en el mismo lugar donde varios detenidos fueron torturados y, desde ahí, pasaron a formar parte de las listas de detenidos desaparecidos. Más tarde, otro hijo de Michael, Miguel Kast, hombre elevado prácticamente a la categoría de santo por la derecha, colaboró con el departamento económico de la DINA y comandó prácticamente todas las reformas económicas que hoy se encuentran vigentes en Chile”. El libro establece la responsabilidad que tuvieron muchos civiles directamente en los crímenes de la dictadura desde sus primeros días, y cómo algunas de las familias más poderosas del país basan el crecimiento de sus fortunas en el aprovechamiento que tuvieron de su relación con el régimen cívico-militar. Los cómplices civiles son nombrados e identificados con el debido respaldo de procesos judiciales en curso, o con condenas establecidas. Varios de ellos participaron directamente en el secuestro, asesinato y ocultamiento de cuerpos. No en términos simbólicos, no por omisión, sino de forma directa. El libro demuestra, además, que “hasta la fecha, la revisión crítica de la historia reciente del país ha estado colmada de evidencias respecto de la práctica del terrorismo de Estado. Ha sido menos frecuente -como se hace en este libro en detalle-, que se tipifiquen de atentados a los derechos fundamentales las reformas laborales, las de salud y educación, las tributarias, las del sistema de pensiones, las privatizaciones del sector productivo y de los recursos naturales, el enriquecimiento ilícito; la prohibición de sindicalizarse, de informarse, de expresarse, de organizarse, de vivir en el país propio. Dichas “políticas refundacionales” habrían sido imposibles de concretar sin la violencia y la práctica del terrorismo de Estado. Aún peor: muchas se encuentran vigentes, pues fueron declaradas intocables en negociaciones entre los gobiernos de la Concertación y la dictadura”.